La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “que prohíbe las compras y contrataciones superfluas excesivas e innecesarias, prohíbe y limita el nombramiento y la contratación de parientes y asesores, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece otras medidas de racionalización del gasto público”.
El proyecto establece que ningún funcionario ni autoridad pública podrá percibir ingreso superior al estipulado para el Presidente de la República, que es equivalente a aproximadamente 17 salarios mínimos. Así también, elimina toda asignación destinada a la contratación de seguros médicos privados, provisión de combustible, prestación de telefonía celular para funcionarios, entre otros.
El proyecto abarcaría a funcionarios de Itaipú y Yacyreta, lo que fue cuestionado por algunos miembros del Senado debido a estas se rigen por el tratado internacional. Si bien, no especifica a qué sectores se destinarían los recursos de los recortes, lo que se pretende es generar pautas claras en la asignación de los recursos estatales.
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