Para hacer frente a la emergencia sanitaria y a sus efectos en la economía, la Ley 6524/20 autorizó al Estado a asumir empréstitos por USD 1.600 millones, que hoy tienen un avance de 80,9%. A ese monto se habían sumado los US$ 390 millones de préstamos de multilaterales, en trámite al momento de la sanción.
Con ello, la deuda pública subió a 34,2% del PIB al cierre del 2020. Sin embargo, la descoordinación, la ineficiencia en las compras, y la falta de estrategia de las inversiones, más allá de generar empleos temporales, han limitado el aporte de la utilización de los recursos a la estabilidad económica y social en el país.
Así, las Mipymes, que son el 99,5% de las empresas, siguen con dificultades para salir adelante, y las familias de los pacientes con Covid-19 asumen gastos del tratamiento, conduciendo al descontento social evidenciado en las recientes convocatorias ciudadanas. Esta situación requiere de acciones concretas, como la agilización de la vacunación, la mejora sostenida de los gastos y el castigo a la corrupción, de lo contrario la confianza y estabilidad económica serán afectadas.
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