Al cierre del 2021, 128.652 adolescentes se encontraba en situación de trabajo infantil, equivalente al 30,8% de la población total de 5 a 17 años de edad.
Si bien, dicha participación registró una reducción 2,7 puntos porcentuales y ocurrió debido a la reapertura parcial de las instituciones públicas, que posibilitó el regreso a la educación, así como a las transferencias monetarias a los hogares más vulnerables, el porcentaje actual continúa siendo elevado.
La necesidad de trabajar de este grupo los ubica en una situación vulnerable además de privarles de la educación necesaria para su desarrollo personal y profesional.
El trabajo infantil fomenta la desigualdad y la exclusión social, limitando avances en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial del 1 “Fin de la pobreza”, 4 “Educación de calidad” y 8 de “Trabajo Decente” al limitar el desarrollo de capacidades y el acceso a las condiciones laborales decentes que velen por los derechos humanos.
