La sociedad civil también se pronuncia respecto a los preocupantes actos de corrupción y tráfico de influencias que afectan al sistema judicial paraguayo, y se advierten inclusive nexos con redes que alimentan y agudizan el problema de la economía subterránea.
El Consejo de Desarrollo de Asunción (CODEASU) y la organización PRODesarrollo se sumaron a la preocupación que se hizo sentir desde distintas nucleaciones, principalmente grupos empresariales, ante los recientes descubrimientos que vinculan a altos funcionarios del Estado con agentes del crimen organizado.
“Estas revelaciones no solo afectan la transparencia y la justicia en nuestro país, sino que también exponen la vulnerabilidad del sistema a la corrupción y la descomposición institucional”, sostiene PRODesarrollo, organización comprometida con la denuncia de las graves consecuencias de la economía subterránea y las actividades ilícitas que afectan a nuestra sociedad, en un comunicado difundido este domingo.
Estos hechos recientes, que involucran a representantes de los poderes Legislativo y Judicial, son una muestra más de cómo el crimen organizado (que también alimenta a la economía subterránea y a su vez se alimenta de ella) no solo desafía la ley, sino que también corrompe y desestabiliza el funcionamiento de los poderes del Estado, agrega la organización.
“La filtración de los chats entre fiscales, jueces y legisladores confirma lo que venimos denunciando desde hace años: el crimen organizado y las actividades ilícitas están intrínsecamente ligados a las dinámicas de poder en nuestro país”, exclama el organismo.
Ante esta situación, desde PRODesarrollo se hace “un llamado urgente” a todas las organizaciones de la sociedad civil, empresas del sector privado y actores comprometidos con el bienestar de la nación, a exigir una acción firme y decidida para frenar la infiltración de intereses ilegales en las instituciones del Estado.
“Es fundamental que nos unamos en un esfuerzo colectivo para ser contralores activos de los procesos políticos y judiciales, y para exigir un gobierno transparente, justo y responsable. Solo con una acción conjunta y el compromiso de todos, podremos erradicar la impunidad y restaurar la confianza en nuestras instituciones”, culmina el organismo.
El Consejo de Desarrollo de Asunción (CODEASU), por su parte, manifestó su preocupación ante lo que denomina un “acelerado proceso de degradación institucional” que somete a nuestra democracia a una situación de peligroso estancamiento o, incluso, de retroceso hacia categorías no democráticas.
Por este motivo, en el pronunciamiento se considera que es “urgente” avanzar hacia un proceso sostenido de fortalecimiento institucional. Este cometido debe incluir “una reforma y modernización del Estado que garantice la independencia y autonomía judicial de poderes fácticos, y la desaparición drástica de los actuales niveles de impunidad y corrupción”, agrega CODEASU, en un comunicado elaborado por su Consejo Directivo.
La organización civil lamenta que estos hechos ocurrieran a solo unos días de haber cumplido 36 años de democracia, casi los mismos años que duró la dictadura.
“Nos encontramos nuevamente ante hechos de injerencia política en poderes del Estado, que alarman y demuestran de qué manera nuestra República se encuentra estancada en un régimen desdibujado, desinstitucionalizado y sometido a poderes fácticos. Recordemos que hace un año vivíamos la arbitraria destitución de una senadora legítimamente electa por el pueblo”, expresa el Consejo.
“Desde CODEASU instamos a las organizaciones de la Sociedad Civil a mantenernos unidas, expectantes y críticas ante los procesos de investigación y condena que deban ser iniciados desde las instituciones pertinentes, y exijamos además de una rápida respuesta a los últimos acontecimientos vividos, así como el cese definitivo de la injerencia política y de poderes fácticos en las instituciones del Estado”, concluye.