La distribución de ingresos refleja las oportunidades que tienen las personas para acceder a los bienes y servicios, incluyendo aquellos que contribuyen a su desarrollo integral. En Paraguay existe una brecha donde el 50% de los ingresos se concentra en el 20% más rico de la población, mientras que el 20% más pobre solo recibe el 4,9%. Esto condiciona los avances en cuanto a reducción de pobreza y empleo informal, así como también limita el desarrollo socioeconómico del país.

¿En qué consiste la distribución de ingresos?

La distribución de ingresos por deciles de un país es una forma de evaluar la desigualdad económica. Consiste en dividir la población en diez grupos (deciles) de igual tamaño, ordenando de menor a mayor los ingresos generados por estos grupos. El primer decil representa al 10% de la población con menores ingresos, mientras que el decil 10 representa al 10% de la población con mayores ingresos.

Si los ingresos se concentran en los deciles superiores, mientras que los deciles inferiores tienen ingresos muy bajos y la diferencia entre los ingresos promedio de ambos deciles es grande, entonces existe una importante desigualdad.

La desigualdad de ingreso se profundiza por las dificultades en el acceso a servicios públicos, como la educación de calidad que brinda las capacidades necesarias para obtener ingresos acordes, el acceso a la vivienda y a la atención a la salud.

En el caso de los países donde existen brechas, las políticas fiscales y económicas, podrían acentuar la desigualdad de ingresos, por ejemplo, regímenes tributarios como el IVA, que afectan a las personas del estrato menor, ya que una mayor proporción de sus ingresos destinan al consumo a diferencia de las personas del estrato con ingresos altos. También, los programas sociales que no son correctamente orientados hacia la población con mayor vulnerabilidad.

Caso de Paraguay

El indicador de Gini mide el nivel de concentración en la distribución de ingresos de la población en un rango del 0 a 1, donde 1 implica la mayor desigualdad. En Paraguay, el nivel más alto se registró en el 2002 con Gini igual a 0,573.

En el año 2022, dicho indicador que mide la desigualdad de ingresos aumentó en 5,1% interanual en Paraguay respecto al año 2021, ubicándose en 0,453, nivel superior al año 2020, periodo de pandemia.

La desigualdad se acentúa en la zona rural donde el Gini es mayor al correspondiente al país, y pasó de 0,426 a 0,475, del 2021 al 2022 lo que representa un incremento de 11,5% interanual, mientras que en el área urbana se situó en 0,423. Esto se explica por la dependencia de actividades agrícolas afectadas por el clima, en particular la sequía de ese año, y que para los pequeños productores requieren mejoras del proceso de producción.

El 50,4% de los ingresos generados en el país se concentran en el 20% más rico de la población, mientras que el 20% más pobre percibe el 4,9%, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Además, el 10% más rico percibe 20 veces lo que percibe el 10% más pobre.

La desigualdad de distribución de ingresos limita las oportunidades de ciertos segmentos de la población que los expone a caer en pobreza ante shocks. A esta se la denomina “población vulnerable” y que, siguiente los criterios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), está conformada por las personas que tienen ingresos per cápita equivalentes a 2,5 veces la línea de pobreza total y representan alrededor del 40% de la población paraguaya.

¿En qué afecta esta situación?

Al limitar el acceso a las oportunidades, la desigualdad contribuye a la ralentización del desarrollo económico y social, ya que las personas con bajos ingresos tienen menos capacidad para consumir, invertir y participar en el mercado, principalmente en las zonas rurales.

Además, las opciones laborales terminan siendo mayormente informales, que no cotizan en un sistema de jubilación y pensión alguno ni poseen cobertura de la salud. En el país el 62,1% de la población ocupada no agropecuaria se encontraba en informalidad laboral, lo que representa a más de 1.500.000 personas, la mayoría de las cuales no tiene un flujo de ingresos estable y/o suficiente. Los trabajadores familiares no remunerados, trabajadores domésticos y cuentapropistas son los más afectados.

¿Qué se puede hacer?

Considerando la realidad expuesta y que las Mipymes son las principales generadoras de empleo en el país abarcando el 76,3% de la población ocupada, se requieren de políticas públicas que faciliten su formalización y ayuden a mejorar su gestión, para así proteger a quienes trabajan en ellas.

Por otro lado, es crucial incrementar la inversión en capital humano mejorando el acceso y la calidad de la educación para permitir a las personas desarrollar las habilidades adaptadas a las necesidades actuales que necesitan para obtener mejores empleos u otras oportunidades de generar ingresos estables.  Esto también requiere de una política de empleos y de generación de condiciones para los negocios que ocupen a las personas.

Además, se podría profundizar el alcance y la gestión de los programas sociales para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad tengan opciones para salir de la pobreza o evitar no caer en ella.

Por último, es necesario reducir las brechas sociales por género implementando políticas que puedan respaldar y fortalecer las capacidades de las mujeres a modo de que tengan acceso a iguales oportunidades que sus pares hombres.

La implementación de estas medidas no solo permitiría reducir la desigualdad, sino que también representa un hincapié para lograr desarrollo económico y social de Paraguay, pensado desde las personas.