INSTRUMENTO PENSADO EN POLÍTICAS QUE CAMBIEN LA REALIDAD DEL PAÍS
Directivos de la organización PRODesarrollo reflexionan sobre los motivos que los impulsan a medir y analizar la economía subterránea en Paraguay desde hace ya casi una década. El propósito es contar con información rigurosa que permita generar un debate serio y desembocar en acciones de combate a la exclusión social.
Hace casi diez años, la organización PRODesarrollo se puso como desafío conocer, observar y medir el tamaño de la economía informal en nuestro país, un propósito que resultó en la elaboración del informe anual de Economía Subterránea, donde se detalla la evolución de las actividades informales e ilegales, así como las distintas formas que van adquiriendo.
Se trata de una información “muy valiosa donde se genera un montón de preguntas, pero sobre todo que puede disparar una serie de instrumentos de políticas públicas que cambien la realidad económica y social de nuestro país”, destaca Hugo Royg, socio de Mentu y miembro del equipo técnico de PRODesarrollo.
“Mientras más conocemos el dato, la evolución, cómo se calcula, las causas y las consecuencias, conversaciones más ricas podemos impulsar y acciones más efectivas podemos gestionar todos juntos, a nivel de las políticas públicas”, agrega, en cuanto al objetivo que se persigue con la recopilación y socialización de estos datos.
Una vez actualizado, este informe se difunde ampliamente a través de medios de comunicación masivos y encuentros con gremios empresariales, a los que también son invitadas las autoridades nacionales a fin de generar el debate que posteriormente lleve a contar con políticas destinadas a combatir este flagelo en la sociedad.
Ángel Almada, presidente de PRODesarrollo, explica que son una asociación de empresas que se agruparon hace alrededor de una década con el objetivo de estudiar la economía informal del país. Coincide con Royg en que el objetivo es generar propuestas y acciones hacia la formalización, como contribución del sector privado al debate nacional.
Recuerda que el estudio de la economía subterránea básicamente mide cuánto pesa la informalidad y la ilegalidad dentro de nuestro PIB (producto interno bruto) para, a partir de ahí, empezar a entender cuáles son los factores que influyen en los procesos de formalización.
Cada año, van tomando temas que son de relevancia para los diferentes sectores. En este sentido, reconoce que el 2023 fue un año de bastante incidencia del contrabando, por lo que decidieron que parte del estudio enfoque este tema en su más reciente edición.
“Si bien no es todavía un estudio que puede medir el peso del contrabando dentro de la economía subterránea, ya es un aproximado de poder empezar a ver temas de percepción o análisis puntuales de situación de contrabando en diferentes territorios”, resalta Almada.
“A todos nos interesa que el país se desarrolle, pero eso tiene que venir acompañado de una formalización y una inclusión a todos los sectores de la economía. Finalmente, el estudio quiere ser más que nada una luz para alumbrar ese camino que necesitamos transitar como sociedad para alcanzar el desarrollo”, culmina.
La estructura de PRODesarrollo está compuesta por el equipo técnico de Mentu, cuyos integrantes se encargan de elaborar el estudio año a año; mientras que el director ejecutivo, Sebastián Acha, gestiona el relacionamiento con las autoridades y los diferentes stake holders que trabajan con la organización.
“Cuando uno ve que la economía crece, pero hay más gente en los semáforos pidiendo plata, o hay más gente trabajando informalmente, en algo debemos estar fallando. Es como un agujero negro: sabemos que existe, sabemos muchas cosas sobre él, pero hay muchas cosas que todavía no podemos determinar, como qué parte de la economía subterránea es evasión tributaria, qué parte es contrabando, qué parte es narcotráfico”, reflexiona, por su parte, el director ejecutivo de PRODesarrollo.
“En la medida que más empresas nos apoyen, vamos a ir armando esto. Para poder extirpar el tumor, primero tenemos que saber cuál es su tamaño, para empezar a drenar esa economía a la sombra hacia el sector formal que produzca mayores recursos tributarios, para que el Estado tenga más herramientas para combatir sobre todo las situaciones de exclusión que tanto duelen en nuestro país”, concluye Sebastián Acha.
