En un comunicado conjunto, varios gremios del sector privado y la sociedad civil, apuntaron que dicho proyecto legislativo tiene conceptos ambiguos de la manera que está planteado, con definiciones que resultan “amplias y genéricas”.
Consideran que el proyecto limita la libertad de asociación y expresión, así como derechos de privacidad, si bien están de acuerdo con la transparencia que debe existir con respecto a los fondos utilizados por las organizaciones.
Con estos argumentos, instaron a la Cámara de Diputados a revisar el proyecto y abrir un debate más amplio que fortalezca la democracia y el desarrollo económico del Paraguay.
En la jornada de hoy, varios gremios del sector privado y la sociedad civil, publicaron un comunicado conjunto en el cual reclaman mayor claridad en los conceptos del proyecto de ley que busca transparentar los fondos de las Organizaciones Sin Fines de Lucro. Dicho proyecto ya cuenta con media sanción por parte de la Cámara de Senadores.
El documento, apunta que así como está planteada, la ley limita derechos civiles fundamentales como la libertad de asociación, recordando que entre sus principios, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA refiere que “las entidades civiles sin fines de lucro tienen la libertad de buscar, solicitar, obtener y utilizar financiamiento para el logro de sus objetivos sociales, tanto de fuentes públicas como privadas, nacionales o extranjeras”.
“Es fundamental destacar que la imposición de multas desproporcionadas y requisitos de este proyecto de ley socavan derechos constitucionales y crean un entorno asfixiante. Al imponer barreras excesivas y sanciones severas, se desincentiva la creación y operación de organizaciones sin fines de lucro, limitando de facto la libertad de asociación y expresión”, expresa el comunicado.
Los gremios, entre los que se apuntan la ADEC, CAPRO, CAPACE Y DENDE, reconocen estar de acuerdo en que las organizaciones sin fines de lucro deben tener políticas de transparencia, como divulgar el origen de los fondos, los proyectos, los fines estatutarios y la identificación de los directores y financistas. Sin embargo, el comunicado expresa que, exigir detalles de contratos y facturas, compromete el patrimonio documental privado y los derechos de privacidad.
“La transparencia debe ser una herramienta de los particulares frente al Estado, no una herramienta del Estado contra los particulares”, refiere el documento, al momento de advertir que estas regulaciones podrían llevar a la desaparición de muchas organizaciones y fomentar la autocensura, afectando negativamente la participación ciudadana.
“Instamos a la Cámara de Diputados a revisar detenidamente este proyecto de ley y consensuar con los diferentes sectores de la sociedad un marco normativo que fortalezca nuestra democracia y desarrollo económico”, concluye el comunicado.