La incorporación de los contratados públicos a la Caja Fiscal introduce un cambio en su financiamiento. Desde el segundo semestre de 2026, los contratados del Poder Ejecutivo aportarán al régimen jubilatorio público y deberán gestionar la suspensión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ante la DNIT.
En el proceso serán incorporados progresivamente los contratados de otros organismos y entidades del Estado, con plazo máximo hasta el 1 de enero de 2028. Quedan exceptuadas las personas contratadas por productos, consultorías o servicios profesionales independientes que no impliquen relación de dependencia, quienes seguirán bajo el régimen tributario y contractual vigente.
La medida mejoraría los ingresos contributivos al ampliar la base de cotizantes, aunque su efecto fiscal sería gradual, considerando que el problema de fondo sigue siendo el desequilibrio entre los aportes y las jubilaciones. Expertos advirtieron que la reforma ofrece beneficios limitados y que se requerirán ajustes adicionales tales como mayores aportes, edades mínimas y control del gasto previsional.
