El 6 de noviembre se llevó a cabo el juicio político contra Santiago Peña, en el que el Senado, constituido en tribunal, lo declaró culpable por mal desempeño de funciones y lo separó del cargo por unanimidad de los legisladores presentes.
Peña no compareció ante el pleno, que rechazó su pedido de una prórroga de 72 horas. Sus abogados sostuvieron que la acusación no identificaba una norma violada y que atribuía al presidente actos del BCP y del IPS, mientras que la fiscalía argumentó que administró el Estado poniendo en riesgo bienes públicos.
Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana juró como presidente de la República y se comprometió a garantizar la estabilidad democrática y el orden institucional.
El nuevo gobierno enfrenta una agenda que incluye la recomposición del Directorio del BCP, la conducción del Ministerio de Economía, la restitución de los fondos previsionales depositados en Ueno Bank y el tratamiento del Presupuesto 2027, aún pendiente de aprobación.
