ASOBAN expresó su preocupación ante el proyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Pagos, por considerarlo arbitrario y contrario a la propiedad privada. La plataforma de pagos Bancard también manifestó su disconformidad con la iniciativa.

El Banco Central y Defensa del Consumidor respaldan el proyecto. Sostienen que generará una mayor equidad en el sector y un sistema de pagos más moderno y eficiente.

La Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN) emitió un comunicado a la opinión pública expresando su preocupación por el avance del proyecto de ley que busca actualizar la legislación base del sistema de pagos nacional.
En particular, el gremio bancario advierte que la incorporación de los incisos e) y q) en el artículo 4 del proyecto de ley, así como su redacción actual, introducen un “elevado nivel de incertidumbre jurídica y de imprevisibilidad”.

Lo que establece el inciso e) del artículo 4, es dar al Banco central la posibilidad de reglamentar, definir los roles y establecer los requisitos aplicables a los distintos roles dentro del Sistema Nacional de Pagos, incluyendo los criterios organizativos, funcionales y de transparencia que correspondan, así como los criterios de vinculación o control de las personas físicas o jurídicas afectadas.

La redacción actual del proyecto establece que, cuando una misma persona física o jurídica -o dos personas distintas pero vinculadas o controladas- participen simultáneamente en más de un rol dentro del sistema, el BCP podrá exigir la implementación de medidas de separación que aseguren la independencia funcional, organizacional, contable y en los procesos de toma de decisiones.

Según el proyecto, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente numeral, el BCP podrá requerir a las entidades involucradas la presentación de un plan de separación estructural que detalle las medidas a ser adoptadas y los plazos previstos, quedando facultado para aprobarlo, modificarlo o rechazarlo con base en criterios de eficiencia, transparencia y resguardo del interés público.

“En este contexto, (ASOBAN) solicita a las autoridades competentes la postergación del tratamiento del proyecto y la apertura de un espacio de diálogo técnico, transparente y constructivo, que permita evaluar en profundidad las implicancias de los incisos mencionados del artículo 4”, pidió el gremio mediante su comunicado.

Además, lo que consideran más grave aún, desde su óptica, es que la ley, con su redacción actual, vulneraría el principio constitucional de igualdad ante la ley, distorsionando las condiciones de libre competencia y, en consecuencia, restringiendo significativamente la participación y el crecimiento del sector privado.

“Ante las declaraciones realizadas en medios de prensa por la Dra. Liana Caballero Krause, Miembro Titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), en relación con el proyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Pagos, la Asociación de Bancos del Paraguay expresa su profunda preocupación por una postura que considera atentatoria contra la propiedad privada”, refiere el comunicado.

El gremio expresó así su preocupación por el hecho de que Liana Caballero, miembro titular del directorio del BCP, haya emitido declaraciones que calificaron como “agresivas, sin sustento técnico y comentarios ofensivos” hacia los principales actores del sistema financiero.

El documento continúa apuntando que el gremio lamenta que los bancos que integran Bancard —instituciones que, según destaca, han apostado con visión y compromiso por la transformación digital del país— sean hoy señalados como un problema.

“La inversión privada ha sido clave para alcanzar, e incluso superar, los estándares internacionales de calidad de servicio, seguridad y escalabilidad. Las entidades bancarias llevan 40 años invirtiendo en tecnología e innovación, facilitando el acceso de millones de paraguayos a los medios de pago más modernos, seguros y eficientes”, agrega el pronunciamiento.

ASOBAN aclara que no se opone a la incorporación de nuevos actores y que lo que se busca es asegurar el respeto a la inversión privada y a la libertad de mercado, en un entorno regulatorio justo, equitativo y libre de privilegios. Considera que no es competencia del BCP introducir cambios estructurales ni desmembrar una empresa, mucho menos adoptar medidas que —bajo pretextos regulatorios infundados— generen ventajas indebidas en perjuicio del resto del ecosistema.

Por su parte, la plataforma de pagos Bancard, en esta misma línea, también emitió un comunicado reiterando que no se opone a una ley que regule el Sistema Nacional de Pagos, pero manifiesta su preocupación con el inciso e del artículo 4 del Proyecto de Ley que se tratará en Cámara de Diputados el próximo martes 24 de junio.

En su comunicado, la plataforma de pagos señaló que el objetivo de este inciso es segregar a la empresa Bancard bajo el argumento de promover la participación de nuevos actores y, por ende, la compañía manifiesta su profunda preocupación ante una postura que considera incompatible con los principios de respeto a la propiedad privada y la libertad de concurrencia.

“Actualmente más del 80% de las compras con tarjetas interoperan mediante la presencia de diferentes marcas de tarjetas internacionales y es importante aclarar que Bancard está de acuerdo con la interoperabilidad plena de los sistemas y está dispuesto a trabajar en conjunto con otros actores para lograr las condiciones y exigencias de seguridad que esto requiere, pero sí expresa con mucha convicción que para ello no es necesario desmembrar la empresa”, refiere el comunicado de la procesadora de pagos.

Al mismo tiempo, el documento considera que la miembro del directorio del BCP, Liana Caballero, se refirió a los propietarios de la empresa “de manera despectiva” resaltando que son 16 instituciones financieras. “Bancard exhorta a las autoridades competentes a suspender el tratamiento del proyecto de ley y abrir un espacio de diálogo técnico, transparente y constructivo, evitando así afectar injustificadamente a una empresa que actúa dentro del marco legal y apuesta al crecimiento y desarrollo de los medios de pago en el país”, finaliza el comunicado de Bancard.

BCP y Sedeco apoyan el proyecto

En contraste, tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) emitieron comunicados apoyando el proceso por el que está pasando el proyecto de ley en cuestión.
Según se afirma en el comunicado del Banco Central, el proyecto de Ley plantea dotar a la institución de facultades regulatorias sobre los servicios y sistemas de pagos del país. Según el ente regulador, se pretende lograr un ecosistema de pagos moderno, eficiente y competitivo, acorde a un país con grado de inversión y un entorno financiero cada vez más digital e interconectado, que promueva la innovación e inclusión financiera.

La publicación también afirma que el proyecto inicial fue socializado en la página web y redes sociales del BCP, desde el 18 de diciembre del 2024 hasta el hasta el 20 de enero del 2025. “Luego de la recepción y análisis de los comentarios del sector, así como de los organismos internacionales que brindan asistencia, la banca matriz realizó los ajustes correspondientes y remitió la versión final al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, relata el documento.

El BCP aclara que el proceso de socialización de un proyecto de ley o reglamento previo a su estudio por el Congreso Nacional no obedece a ningún procedimiento legal preestablecido, sino que se trata “de una buena práctica institucional participativa que acostumbra a implementar en los procesos que impulsa”.

Finalmente, el documento asegura que este proyecto de ley busca generar un ecosistema de pagos más accesible y eficiente, con costos más bajos para los comercios y consumidores.

En esta misma línea, la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) también expresó su apoyo al proyecto, afirmando que esta iniciativa es “un avance hacia una mayor equidad, transparencia y protección en las relaciones de consumo”.

“El proyecto promueve la inclusión financiera, garantizando el acceso seguro y eficiente a servicios de pago para todos los ciudadanos, sin importar su situación económica o ubicación. Además, reconoce el valor jurídico de las operaciones electrónicas, fortaleciendo la seguridad de los consumidores”, expresa el comunicado de la Sedeco.

Así, la institución destacó que mediante el proyecto se establecen mecanismos para prevenir prácticas abusivas o discriminatorias por parte de los proveedores del sistema, reforzando así la protección integral del consumidor.