En el año 2022, de alrededor de 3,2 millones de personas estaban ocupadas, la mitad se encontraba asalariadas y de estas últimas, el 52,2% trabajaba en informalidad.
Las condiciones laborales para dicha población significan un bajo nivel de ingresos, como es el caso de un millón de personas que percibían ingresos menores a 1,5 del Salario Mínimo (SM). Esto se traduce en una economía de subsistencia, limitando la capacidad de formación y de pago de compromisos de las personas.
Por otra parte, el 75,4% de la población ocupada total trabaja en Mipymes, de las cuales 942.842 personas lo hacen en situación de informalidad. Esto se debería en parte a que la formalización para las Mipymes resulta costosa y complicada.
Es por ello que se requieren de políticas públicas que faciliten e incentiven su formalización y ayuden a mejorar su gestión, para así proteger a quienes trabajan en ellas. El proceso de formalización de las empresas y del empleo posibilitaría mejorar la productividad, el desarrollo y la inclusión social.
