El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización intergubernamental que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Este grupo fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y cooperación de los países miembros contra estos casos.
Los países que conforman este grupo son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Este grupo lleva a cabo una evaluación mutua que consiste en la revisión de los sistemas y mecanismos que se han creado en cada país miembro para la prevención y el combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para la evaluación se realiza un estudio y análisis del cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI y la efectividad de sus resultados.
Para el caso de Paraguay, el informe fue aprobado en el 2008 y se estableció un proceso de “Seguimiento intensificado” debido a que recomendaciones claves del GAFI se encontraron calificadas con un “parcialmente cumplido” o un “no cumplido”.
En el último informe de avance de evaluación realizado en el 2012 se mostraron las principales deficiencias. Entre aquellas parcialmente cumplidas se encuentra la conservación de registros, que demuestra la falta de obligación legal de que las instituciones financieras mantengan registros sobre los datos de identificación obtenidos mediante el proceso de diligencia debida por un periodo de por lo menos cinco años; así también la recomendación de reporte de operaciones sospechosas debido a la falta de comunicación a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero de Paraguay (SEPRELAD), organización encargada de la situación en el país.
Por el lado de aquellas que se encuentran entre las no cumplidas se encuentra la ausencia de obligaciones en cuanto a prohibir las cuentas anónimas o bajo nombres ficticios, el cumplir con la aplicación de las empresas de seguro de medidas de procesos de diligencia sobre clientes existes, así como el hecho de que Paraguay no ha tipificado el financiamiento del terrorismo como delito ni las de lavado de activo como delito.
Ante esta situación, el Gobierno ha aprobado una serie de leyes propuestas por la SEPRELAD, entre las que se encuentra la N. 4024 “que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento de terrorismo”, la cual exige la pena privativa de libertad de hasta 20 años cuando los fondos tuvieran origen en la comisión de hechos antijurídicos, así como la N. 6419 que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas al terrorismo y la N. 6497 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero.
La siguiente evaluación debía ser realizada en el 2019, sin embargo, debido a la coyuntura actual y el peligro de contagio del virus esta se trasladó para el 2021, donde Paraguay deberá demostrar que cumple con las 40 recomendaciones considerando que esta calificación cuenta con un gran peso sobre la confianza en el país, lo que podrá afectar en las decisiones que tengan los inversionistas en Paraguay.