La economía subterránea es el conjunto de actividades que no se declaran y se realizan al margen de las normas tributarias y/o legales. Es la producción o comercialización en negro, clandestina e ilegal de bienes, productos o servicios lícitos o ilícitos.

Considerando el informe de la económica subterránea en Paraguay, en la edición 2020, se observa que en el 2019 el valor de la económica subterránea ascendió a USD 16.647, cifra que equivale al 42,7% del Producto Interno Bruto (PIB), incrementándose 0,9 puntos porcentuales (p.p.) respecto al 2018. Sin embargo, las estimaciones para el 2020 mencionan que la economía subterránea representaría el 46% del PIB, incrementándose en 3,3 p.p. con respecto a lo estimado para el 2019.

El Covid-19 ocasionó la disminución de ingresos y el incremento de la pobreza, como consecuencia de estas dificultades económicas, es probable que mayor cantidad de trabajadores se desplacen hacía la informalidad, situación que complica la protección a trabajadores en tiempos de recesión.

Si bien el Estado recurrió a programas de protección social para garantizar en cierta medida por lo menos la seguridad alimentaria a través de subsidios específicos, el alcance real a los sectores más vulnerables fue de muy difícil aplicación debido a que la actividad económica informal es “invisible” y, al no estar formalizada, no cuenta con ningún registro, lo que generó que varios sectores económicos no pudieran aprovechar las medidas aplicadas por el Estado para incentivar la actividad económica, lo que hubiera permitido sobrellevar la crisis de mejor manera.

Así, se observa que la economía subterránea es entre el 25% y el 30% mayor del Presupuesto General de la Nación (PGN) y entre el 24% y el 31% mayor a las exportaciones totales del país. Una mayor formalización podría significar mayores ingresos para el Estado, así como la posibilidad de contar con cierta protección durante periodos de crisis.

Sin embargo, de poco serviría formalizar a los trabajadores y empresas si es que la estructura del gasto público no se cambia, ya que la misma no permite focalizar el gasto en las políticas económicas y sociales prioritarias.

Fuente: Elaboración MENTU – Pro Desarrollo con datos del BCP, DGEEC y ANDE