El proyecto de Ley de los servicios de confianza, que se encuentra en tratamiento en el Congreso Nacional, se aplicaría a toda clase de transacciones y actos jurídicos, públicos o privados, así como en los procesos privados, administrativos y judiciales tramitados electrónicamente. En el estudio de la misma, el efecto del nivel de seguridad a ser definido es una arista considerada por los actores involucrados.
Por un lado, las entidades financieras alegan que es necesario definir altos niveles de seguridad para proteger a los usuarios de acciones ilícitas por parte de terceros que los perjudiquen. Por el otro, las Entidades de Medios de Pagos (EMPEs) afirman que ello significaría costos que las personas con menores ingresos, quienes realizan transacciones de bajo monto, no podrían cubrir, siendo un obstáculo para su inclusión financiera, por lo que sugieren que el nivel de seguridad se establezca en función al riesgo asociado.
De esta manera, el desafío en el análisis de la normativa a ser aprobada es encontrar el punto común que beneficie a la mayor parte de los usuarios finales.
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