Paraguay cuenta con dos realidades paralelas, por un lado, se posiciona como un referente en la región en estabilidad macroeconómica y clima de negocios, por otro lado, también ocupa los primeros puestos en índices internacionales como el de criminalidad y corrupción.
Paraguay, ¿referente regional?
El país se ha convertido en los últimos años en un referente en Latinoamérica en materia económica, posicionándose constantemente en los primeros lugares del Clima de Negocios, según el Índice elaborado por la Fundación Getulio Vargas. Así también, según organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Paraguay fue el año pasado y sería este año uno de los países con mayor crecimiento económico en Sudamérica.
El buen desempeño macroeconómico, una inflación controlada, un Banco Central independiente, un EMBI1 (riesgo país) bajo, hace que las inversiones en nuestro país sean cada vez más atractivas y que las calificadoras de riesgo sitúen a Paraguay a un peldaño del grado de inversión. Las últimas colocaciones de bonos soberanos se dieron de manera exitosa en los mercados internacionales superando la oferta disponible, con tasas por debajo de la media regional y cercana a países con grado de inversión. Así también, se dio la primera emisión en moneda nacional, reflejando la solidez del guaraní.
Por otro lado, así como el país se ha consolidado en materia económica y avanzado en mejorar su imagen país, también se ha posicionado en otros mercados, tanto informales como ilegales. Esto se puede ver reflejado en algunos índices internacionales como el Índice de Crimen Organizado, que ubica a Paraguay en el cuarto lugar de 193 países y en el tercer puesto en Latinoamérica en cuanto a actividad criminal y la delincuencia organizada. El informe correspondiente al dicho Índice señala que Paraguay pasó de ser un país de tránsito de estupefacientes a ser productor y a ubicarse como centro de distribución regional.
Así también, el Índice de Transparencia ubica al país como el segundo más corrupto de Sudamérica por detrás de Venezuela y a nivel continental en el sexto lugar, reflejando la fragilidad de las instituciones.
Las dos caras de una misma moneda
Lo mencionado anteriormente muestra escenarios tan distintos que pareciera que se está hablando de dos países completamente diferentes. Sin embargo, corresponden a dos caras de una misma moneda.
Inclusive dentro del ámbito económico existen dos realidades distintas, el buen comportamiento macroeconómico, contribuye poco al dinamismo microeconómico.
La microeconomía vulnerable puede evidenciarse con el alto grado de informalidad existente en el país, donde 6 de cada 10 paraguayos ocupados en el sector no agropecuario se encuentran trabajando en dicha condición.
La informalidad laboral se traduce en una menor productividad y, por ende, en menores ingresos para las personas. Esto se puede contrastar con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que muestran que más del 60% de los trabajadores informales ganan menos que el salario mínimo, mientras que más del 60% de los trabajadores formales perciben montos superiores, lo que profundiza la desigualdad económica. A la baja productividad habría que añadir que estos trabajadores tampoco cuentan con seguridad social, lo que los deja desprotegidos ante la desaparición o reducción palpable de los ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, invalidez, accidentes, desempleo, vejez o muerte.
Si tomamos en cuenta lo mencionado anteriormente y lo comparamos con el promedio de ingresos por deciles se puede observar cómo las personas que ganan salario mínimo se encuentran entre el 20% y 30% más rico del país y si se compara los extremos, se evidencia que el 10% más rico gana 20 veces más que el 10% más pobre.
Todo lo anterior nos lleva a reflexionar cómo es posible que, mirando los indicadores laborales y sociales, por un lado, y los macroeconómicos, por el otro, estemos hablando del mismo país, en donde el Producto Interno Bruto (PIB) tiene un crecimiento promedio de 4%, mientras que la informalidad laboral se mantiene prácticamente constante.
La desigualdad de los ingresos y la debilidad de los controles institucionales abren la puerta a que las personas opten por comprar productos de contrabando, con el diferencial de precio entre los motivos. A su vez, esta realidad afecta la percepción de las personas sobre el contrabando, según una encuesta realizada por PRODesarrollo, solo el 32% de los encuestados lo ve como algo negativo y como cuando la demanda de un servicio o producto aumenta, la oferta se incrementa para abastecer dicha demanda, se crea un mercado paralelo de productos proveídos por esta vía.
Dentro de este “mercado paralelo”, las actividades ilegales tienden a financiar las actividades ilícitas, creando así un círculo vicioso.
El espacio de actuación y qué se puede hacer
La visión debe ser clara desde un comienzo, para las actividades ilícitas no hay margen de negociación, se debe trabajar en cuestiones institucionales que penalicen y combatan este tipo de actividades.
Complementariamente, para las actividades informales el principal desafío es formalizar. Esto se puede promover fortaleciendo empresas y sectores, con la creación de un Centro de desarrollo, como los Small Business Development Center (SBDC) para Mipymes, con innovación en inclusión financiera y seguir avanzando en la facilitación de procesos.
De esta manera, una mayor formalización conduciría a una mayor eficiencia, y, por ende, a un aporte más significativo de las personas y empresas al desarrollo del país.