La inversión pública es aquel gasto con fines productivos que realiza el Estado a través de la Administración Central. Este tipo de inversión se destina principalmente a proveer bienes, servicios o infraestructuras que sean consideradas básicas o importantes, como es el caso de la seguridad nacional o social. Cabe señalar que esta inversión suele ser medida cada año, expresándose como un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

Teniendo en cuenta los datos del Ministerio de Hacienda, al cierre del décimo mes del corriente año, la Inversión Social realizada en el país totalizó Gs. 21,6 billones, equivalentes a USD 3.076 millones. Este monto invertido representa un incremento del 14,9% con respecto a lo ejecutado durante el mismo periodo del año anterior.

Así, del total destinado a Inversión Social, el 31% de los recursos corresponden a Promoción y Acción Social, la misma cifra se da para el sector de educación, mientras que para salud corresponde 21% del total y para seguridad social y otros sectores, 14% y 3% respectivamente.

Del total desembolsado para Promoción y Acción Social, el 55%, equivalentes a Gs. 3,6 billones, se compuso por recursos destinados a los programas Ñangarekó, Asistencia a Albergues para repatriados, Pytyvó, Adultos Mayores, Abrazo y Tekoporá, de los cuales el 56% fue financiado con los Fondos de Emergencia Sanitaria ante la pandemia.

Sin embargo, es importante resaltar que del total de hogares que manifestaron disminución en sus ingresos, tan solo el 22% de estas familias tuvieron acceso al programa Ñangarekó con un total de Gs. 578 mil por familia, pese a que la línea de pobreza total por persona es de Gs. 700 mil. Así también, tan solo el 67,6% del total de trabajadores informales se vieron beneficiados con el programa Pytyvó.

Teniendo en cuenta esta situación, es probable que se necesite incrementar estas prestaciones sociales para mitigar los efectos económicos en la población más vulnerable, sin embargo, la menor recaudación de ingresos del Estado, así como el incremento de deudas contraídas por el Gobierno limitan la capacidad de logro de este propósito.

Fuente: Elaboración MENTU con datos del Ministerio de Hacienda